Fuente original: WIRED
Fecha: 27 de noviembre de 2025
Autores de origen: Dell Cameron
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) está ampliando de forma drástica su estrategia para externalizar la búsqueda y vigilancia de migrantes a empresas privadas. Nuevos documentos de contratación revisados por WIRED revelan que la agencia ha reemplazado un programa piloto de 180 millones de dólares por un esquema sin límite de gasto, garantizando pagos multimillonarios a múltiples proveedores.
Un giro de “piloto limitado” a un programa masivo
Originalmente, la propuesta describía un plan piloto que pagaría a los contratistas un mínimo de 250 dólares por caso, con un tope de 90 millones de dólares por proveedor. Sin embargo, las nuevas enmiendas eliminan el límite total y establecen techos individuales de 281.25 millones de dólares por empresa, además de una orden inicial garantizada de 7.5 millones.
El mensaje para la industria es claro: ya no se trata de un experimento, sino de una expansión estructural de la red de vigilancia migratoria, donde los contratistas deberán operar como una extensión directa de la aplicación de la ley federal.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS), responsable del ICE, no respondió a la solicitud de comentarios.
Cómo funcionará la vigilancia privada
Los documentos describen a contratistas que recibirán mensualmente lotes de 50,000 casos, extraídos de una base de 1.5 millones de personas en proceso de expulsión.
Las tareas incluyen:
– Verificar domicilios particulares y lugares de trabajo.
– Tomar fotografías de residencias y registrar entradas y salidas.
– Vigilar edificios, complejos de apartamentos y rutas laborales.
– Usar corredores de datos comerciales y búsquedas abiertas en internet.
El modelo de pago imita un sistema de “recompensas”: tarifa fija por caso y bonificaciones por rapidez y exactitud.
A pesar de que una versión anterior planteaba permitir acceso a bases internas del ICE, la nueva propuesta lo prohíbe. En su lugar, el DHS enviará paquetes exportados con datos personales sensibles, lo que reduce el acceso directo a sistemas federales pero expone grandes volúmenes de información a empresas privadas sin supervisión pública robusta.
Una expansión más amplia de la privatización del ICE
Esta iniciativa se suma a otros esfuerzos de la administración Trump para aumentar la participación de contratistas en la ejecución de la política migratoria, incluyendo:
– Una red de transporte operada por empresas privadas con personal armado disponible 24/7 en Texas.
– Dos centros de análisis de redes sociales monitoreando Facebook, TikTok y X para alimentar operaciones de detención.
– Un centro nacional de llamadas casi totalmente privatizado, capaz de gestionar 7,000 solicitudes diarias de aplicación de la ley.
El ICE considera que muy pocos contratistas asumirán estas tareas —que exigen infraestructura, logística y personal significativo— sin garantías financieras masivas. Al elevar los límites y asegurar pagos mínimos, la agencia acelera la creación de una red nacional de vigilantes privados, integrados en todas las fases del proceso de detención y expulsión.
Disclaimer
Esta nota es una reinterpretación automatizada, generada por inteligencia artificial, basada en información publicada originalmente por la agencia WIRED. Su objetivo es presentar los hechos de forma neutral y sin valoraciones. Se recomienda consultar la fuente original para mayor contexto.
