Fuente original: EFE
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La Asamblea Nacional de Venezuela instaló este viernes una comisión especial encargada de garantizar el cumplimiento de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, aprobada por unanimidad un día antes, y que contempla la revisión de casos no incluidos inicialmente en la norma.
Según informó el Parlamento en una nota de prensa, la comisión tiene como objetivo desarrollar e implementar mecanismos que aseguren la aplicación de la ley, en coordinación con los órganos del sistema de justicia del país.
La instancia quedó instalada en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, y está presidida por el diputado oficialista Jorge Arreaza, con la diputada opositora Nora Bracho como vicepresidenta.
La presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, promulgó la ley tras su aprobación y solicitó celeridad a la comisión para evaluar los casos no contemplados. El artículo 15 de la legislación establece la creación de este órgano de seguimiento y le otorga la facultad de recomendar medidas alternativas a otros organismos del Estado.
Las autoridades también aprobaron un protocolo para la aplicación expedita de la ley, cuyo contenido no ha sido divulgado. El documento fue elaborado en una reunión en la que participaron representantes del Tribunal Supremo de Justicia, la Fiscalía General y la comisión especial. El fiscal general, Tarek William Saab, señaló que el protocolo permitirá una ejecución rápida y efectiva de los beneficios previstos.
La ley establece un marco temporal entre 1999 y 2026, pero delimita 13 coyunturas políticas específicas, lo que excluye detenciones ocurridas fuera de esos períodos, así como casos vinculados a operaciones militares. También quedan excluidos delitos como violaciones graves a los derechos humanos, lesa humanidad, homicidio intencional, tráfico de drogas y hechos contemplados en la ley contra la corrupción.
La Fuerza Armada venezolana expresó su respaldo a la norma, mientras que la ONG Foro Penal informó que entregará a la comisión una lista con 232 casos para su evaluación. La organización señaló que alrededor de 400 presos políticos quedan excluidos de la amnistía y reiteró su solicitud de liberación para todas las personas detenidas por motivos políticos.
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Esta nota es una reinterpretación automatizada, generada por inteligencia artificial, basada en información publicada originalmente por la agencia EFE. Su objetivo es presentar los hechos de forma neutral y sin valoraciones. Se recomienda consultar la fuente original para mayor contexto.
